El expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su discurso político asegurando que no necesitaba un aparato especial de seguridad porque, según sus propias palabras, “el pueblo me cuida”. Con ese argumento desapareció el Estado Mayor Presidencial y criticó durante años los esquemas de protección de los mandatarios.
Hoy, la realidad es distinta. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que mantiene un operativo de seguridad para resguardar al exmandatario en su residencia de Palenque, Chiapas, y además decidió reservar por cinco años la información sobre el número y rango de los militares encargados de su protección, bajo el argumento de que hacer públicos esos datos pondría en riesgo su integridad y la del personal castrense.
La decisión ha reavivado las críticas por la aparente contradicción entre el discurso y los hechos. Quien insistió en que la cercanía con la ciudadanía era su mejor protección, hoy permanece bajo custodia del Ejército mexicano y con un esquema cuyos detalles fueron clasificados como información confidencial.
Aunque el Gobierno federal sostiene que se trata de una protección “mínima” y preventiva para un expresidente, el caso vuelve a abrir el debate sobre la congruencia entre las promesas de austeridad y cercanía con el pueblo, frente al uso de recursos militares para garantizar su seguridad una vez fuera del cargo.
